La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a una coalición de 19 fiscales generales para pedir al Congreso que actúe para proteger a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití. En una carta a los líderes del Congreso, los fiscales generales solicitaron a los legisladores que extiendan el TPS para haitianos que enfrentan deportación y que creen un mecanismo para que los tribunales puedan revisar las decisiones sobre TPS.
La carta señala una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en junio que permitió a la administración Trump avanzar con la terminación del TPS para cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios. La misma resolución también limitó la revisión judicial de ciertos desafíos a las terminaciones del TPS, lo que, según la coalición, hace mucho más difícil que las personas afectadas puedan impugnar las deportaciones.
Los fiscales generales advierten que esta decisión pone en riesgo a casi 350,000 haitianos que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años, incluyendo a muchos en Nueva York. Argumentan que el TPS fue diseñado para proteger a las personas que no pueden regresar de manera segura a su país de origen, y que las condiciones en Haití siguen cumpliendo con ese propósito.
La coalición también describe los posibles efectos en cadena de la terminación del TPS. Afirman que los beneficiarios haitianos del TPS contribuyen a las comunidades y a la economía, incluyendo empleos en el sector salud, y que revocar el TPS podría afectar a las familias que han construido sus vidas en EE. UU.
La carta señala que la Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley para extender el TPS para haitianos, y la coalición insta al Senado a considerar una legislación similar. También pide cambios que permitan la supervisión judicial de las decisiones sobre TPS y, potencialmente, faciliten vías para obtener la residencia legal para los titulares del TPS.