La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha solicitado a un tribunal federal que permita que las políticas de 'santuario' de la ciudad de Nueva York permanezcan vigentes. En un informe amicus presentado en un caso iniciado por el Departamento de Justicia de EE. UU., James argumenta que las reglas de la ciudad que limitan la participación local en la aplicación civil federal de inmigración están relacionadas con la seguridad pública.
Las políticas de la ciudad, que comenzaron en la década de 1980 y han sido respaldadas por varias administraciones municipales, limitan cómo participan los funcionarios de la ciudad en la aplicación civil federal de inmigración. James afirma que estos límites ayudan a que los residentes se sientan más seguros al interactuar con las autoridades locales, incluyendo al denunciar delitos, actuar como testigos o buscar ayuda.
James también sostiene que las políticas no impiden la cooperación en asuntos criminales. Según el informe, el enfoque de la ciudad no restringe a las fuerzas del orden locales de colaborar con las autoridades federales cuando se trata de cumplimiento criminal.
El DOJ demandó a la ciudad de Nueva York en julio de 2025, desafiando las leyes de la ciudad que limitan la participación en la aplicación civil federal de inmigración. En el informe, James argumenta que las políticas de la ciudad son consistentes con las leyes estatales y federales y no están 'preemptadas', es decir, que la ley federal no anula automáticamente el enfoque de la ciudad.
La fiscal general también señala investigaciones que sugieren que cuando las personas temen las consecuencias migratorias, pueden ser menos propensas a denunciar delitos o compartir información con la policía. Ella sostiene que, al reducir ese temor, las políticas de la ciudad pueden aumentar las denuncias y ayudar a que la policía local concentre recursos en amenazas inmediatas a la seguridad pública.