No Borders NewsVeinticinco años después de los ataques del 11 de septiembre, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) afirma que la respuesta del gobierno federal reconfiguró la política migratoria de maneras que afectaron a las comunidades inmigrantes y musulmanas durante generaciones.
En un comunicado, el ILRC argumenta que la búsqueda de “seguridad” tras el 11 de septiembre se utilizó para justificar excesos en la vida cotidiana de las personas. El grupo dice que esto ayudó a crear un enfoque de aplicación de la ley basado en la sospecha y la criminalización en lugar de apoyo y debido proceso.
El ILRC destaca el Sistema de Registro de Entrada y Salida de Seguridad Nacional (NSEERS), implementado en 2002, como un ejemplo temprano de un sistema que requería que los inmigrantes se registraran y fueran monitoreados. El comunicado señala que el impacto del programa continuó después de que fue absorbido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El ILRC también señala cambios legales más amplios a finales de los años 90 y las leyes de inmigración de 1996, argumentando que las nuevas herramientas legales ayudaron a consolidar un régimen de aplicación que podía aplicarse a las comunidades inmigrantes. El grupo vincula esto con lo que describe como narrativas crecientes de islamofobia y racismo sobre la seguridad pública.
Finalmente, el ILRC relaciona los efectos a largo plazo de la desconfianza y la desinformación tras el 11 de septiembre con el clima político actual, y hace un llamado a un enfoque diferente—uno centrado en satisfacer necesidades básicas y construir pertenencia en las comunidades.