El Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, lideró una coalición de 18 fiscales generales estatales, junto con la ciudad y el condado de San Francisco, presentando un amicus curiae en un caso ante un tribunal de apelaciones federal que involucra el programa de libertad condicional humanitaria CHNV.
El documento insta a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito a mantener la decisión de la corte inferior que reconoce el programa de libertad condicional para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El programa fue creado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. bajo la administración Biden y permite que más de 500,000 personas vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos por períodos de dos años por razones humanitarias urgentes.
Según la presentación, después de que el presidente Trump asumió el cargo, una orden ejecutiva ordenó al DHS terminar con la libertad condicional CHNV y otros caminos humanitarios de la era Biden. La corte de distrito emitió una orden judicial preliminar, diciendo que el DHS revocó ilegalmente el estatus de libertad condicional en masa usando razonamientos defectuosos, y advirtió que terminar abruptamente el programa causaría daños graves, incluyendo que las personas quedarían sin estatus legal o sin la posibilidad de trabajar.
La Corte Suprema suspendió esa orden judicial preliminar mientras el caso continúa en apelación. En su amicus curiae, la coalición argumenta que terminar con la libertad condicional CHNV separaría familias, aumentaría los riesgos para los beneficiarios, interrumpiría las economías locales y estatales, agravaría las escaseces de mano de obra y amenazaría la seguridad pública.
El comunicado del fiscal general de Illinois también destaca las contribuciones económicas de los inmigrantes en Illinois, incluyendo su participación en la fuerza laboral y la cantidad de impuestos estatales y locales y poder de compra reportados para 2023. La coalición afirma que esos impactos apoyan la preservación del programa mientras los tribunales deciden el caso.