No Borders NewsEl Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, lidera una coalición de 20 fiscales generales estatales en dos demandas que desafían nuevos requisitos federales vinculados a programas de subvenciones importantes. Los estados afirman que la administración Trump intenta obligar a los estados a cumplir con la aplicación de leyes migratorias mediante la amenaza de retener miles de millones en fondos federales.
En un caso, la coalición demandó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo a la Secretaria del DHS, Kristi Noem. Los estados alegan que FEMA y DHS añadieron condiciones generales a la financiación federal que requerirían cooperación con los esfuerzos federales de cumplimiento migratorio, o de lo contrario, los estados podrían perder fondos destinados a respuestas de emergencia y trabajos relacionados con la seguridad pública.
En una segunda demanda, la coalición demandó al Departamento de Transporte (DOT) y al Secretario del DOT, Sean Duffy. La queja desafía el enfoque del DOT de vincular la financiación de subvenciones de transporte con la cooperación en el cumplimiento migratorio, incluyendo subvenciones para construcción de carreteras, mantenimiento del transporte público y mejoras en aeropuertos y ferrocarriles.
Los fiscales generales dicen que el Congreso creó muchos programas de subvenciones de FEMA y DOT para ayuda en desastres, mitigación de inundaciones y proyectos de infraestructura. Argumentan que la aplicación de leyes migratorias no es para lo que estaban destinados esos fondos, y que el gobierno federal está usando la financiación como una forma de presión para que los estados realicen tareas de cumplimiento migratorio civil.
El anuncio oficial también describe pasos tomados a principios de 2025: el DHS ordenó a las agencias detener la financiación federal a jurisdicciones que no colaboren con la aplicación migratoria federal, y posteriormente modificó los términos de las subvenciones para exigir que los beneficiarios certifiquen que ayudarán. Casi al mismo tiempo, el DOT envió una carta a los beneficiarios de subvenciones señalando la intención de exigir a los gobiernos estatales y locales que colaboren en la aplicación migratoria federal para recibir fondos del DOT. La coalición afirma que estas acciones exceden la autoridad legal y son inconstitucionales.