El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que un tribunal federal de Rhode Island hizo cumplir una sentencia anterior que impedía a la Administración Trump imponer condiciones migratorias a ciertas subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
Según el anuncio, Bonta y una coalición de varios estados pidieron al tribunal que hiciera cumplir la orden anterior después de que el DHS emitiera nuevos avisos de concesión de subvenciones para el año fiscal 2026 que incluían condiciones migratorias similares a otras que ya se habían declarado ilegales.
El tribunal concluyó que las condiciones migratorias que el DHS intentó imponer a los fondos del año fiscal 2026 están comprendidas en la sentencia anterior, emitida después de que la coalición obtuviera una medida cautelar permanente. La nueva decisión impide, en la práctica, que el DHS use estas condiciones para presionar a los estados a cumplir requisitos relacionados con la inmigración.
Las subvenciones en cuestión respaldan labores de seguridad pública, como prepararse para ataques terroristas y otras emergencias graves, protegerse de ellos, responder y recuperarse. El anuncio señala que incluyen subvenciones para combatir el terrorismo, prepararse para emergencias y fortalecer la ciberseguridad, y no las describe como vinculadas a la aplicación de las leyes civiles de inmigración.
El fiscal general recalcó que los fondos para la seguridad pública no deben usarse como instrumento de presión para imponer políticas migratorias, y que el fallo limita la capacidad del DHS para eludir las órdenes judiciales y la autoridad del Congreso sobre el gasto público.
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