La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció una decisión de una corte federal que detiene una política de la administración Trump que imponía una tarifa de $100,000 en todas las nuevas solicitudes de visas H-1B. La corte encontró que la política de tarifas era ilegal después de que James y una coalición de 19 fiscales generales la impugnaran.
El programa H-1B permite a los empleadores en EE. UU. solicitar la contratación de trabajadores extranjeros para “ocupaciones especializadas” por hasta seis años. Las personas con visas H-1B trabajan en campos como salud, educación, tecnología y otras industrias especializadas, cubriendo roles donde los empleadores dicen que hay escasez.
James afirmó que la decisión termina lo que describió como un intento ilegal de dañar un “programa crítico” y los empleos que apoya. Señaló que los trabajadores H-1B en Nueva York trabajan como médicos, maestros y otros profesionales especializados.
La demanda argumentaba que la tarifa dificultaría que los empleadores traigan trabajadores necesarios y agravaría la escasez de mano de obra en sectores importantes. En Nueva York, el estado informó que SUNY emplea a cientos de trabajadores H-1B y que los hospitales enfrentan una escasez continua de enfermeros; además, el estado señaló que muchos trabajadores de salud en Nueva York son inmigrantes.
Según el anuncio, la administración anunció la tarifa de $100,000 en septiembre de 2025, y la coalición presentó la demanda en diciembre de 2025. La corte concedió un juicio sumario a favor de la coalición y anuló la política que implementaba la tarifa. El caso involucró a fiscales generales de varios estados, incluyendo Arizona, California y Massachusetts, entre otros.