El Fiscal General de California, Rob Bonta, anunció una demanda, en la que se unió una coalición de varios estados, con el objetivo de bloquear una nueva regla de carga pública de la Administración Trump.
El concepto de carga pública se usa en la ley de inmigración para decidir si a una persona se le puede negar la admisión o la tarjeta verde. Históricamente, se ha interpretado de manera restrictiva, centrada en si se espera que alguien dependa principalmente del apoyo del gobierno para necesidades a largo plazo.
Según el anuncio, la nueva regla ampliaría de manera significativa quién podría ser considerado una “carga pública”. Los estados dicen que esto obligaría a millones de inmigrantes a elegir entre acceder a atención médica o asistencia alimentaria y proteger su camino hacia la residencia permanente legal.
La demanda argumenta que la reescritura federal va más allá de lo que permite la ley y es arbitraria y caprichosa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Federal. La coalición pide al tribunal que anule la regla.
Si la regla es bloqueada, esto ayudaría a mantener el enfoque más restringido que, según los estados, ha estado en vigor por más de un siglo. Las personas afectadas por beneficios públicos y decisiones migratorias pueden querer seguir el caso de cerca y consultar los archivos oficiales del tribunal y las orientaciones de las agencias federales.