El Fiscal General de California, Rob Bonta, ha presentado un escrito de amicus en apoyo a una demanda que cuestiona las prácticas de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que supuestamente permiten detenciones migratorias civiles sin una orden y sin causa probable.
En el escrito, Bonta argumenta que estas detenciones sin orden forman parte de un esfuerzo más amplio que ha generado miedo en las comunidades inmigrantes. El documento indica que el daño va más allá de las personas detenidas, afectando a familias, lugares de trabajo, escuelas y economías locales.
El fiscal también señala los impactos observados en California por la aplicación agresiva de las leyes migratorias. El extracto describe disminuciones en la asistencia escolar, interrupciones en operaciones agrícolas, preocupaciones de salud pública y una menor confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales.
El comunicado destaca un ejemplo específico: el 7 de enero de 2025, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. inició una redada a gran escala en el condado de Kern llamada “Operación Regresar al Remitente”. Según el extracto, la operación resultó en la detención de 78 personas por supuestamente no tener un estatus migratorio legal, utilizando patrullas móviles y detenciones sin orden en áreas predominantemente latinas.
El documento de Bonta enfatiza que estas acciones pueden obstaculizar servicios estatales y locales esenciales, incluyendo atención médica, educación y seguridad pública. El fiscal general afirma que California continuará defendiendo a las comunidades inmigrantes y a las comunidades afectadas por las prácticas de aplicación de leyes migratorias en todo el país.