No Borders NewsLa Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, se unió a otros 22 fiscales generales estatales en una carta dirigida al DHS y a ICE exigiendo mayor transparencia después de que ICE adoptara una política que termina con las investigaciones y la denuncia pública de algunas muertes que ocurren poco después de que una persona es liberada de la custodia de ICE.
La coalición afirma que este cambio reduce la supervisión y la responsabilidad en las instalaciones de detención de ICE, especialmente ante los informes continuos de condiciones inseguras y abusivas. Argumentan que detener estas revisiones y reportes dificulta que el público y las autoridades entiendan si las condiciones de detención ponen en riesgo a las personas.
La carta señala que ICE tiene la obligación de seguir los estándares nacionales de detención, incluyendo exámenes de salud y acceso a atención médica y de salud mental necesarias, además de condiciones seguras y sanitarias. Los fiscales generales también mencionan que el Congreso ha requerido que ICE investigue y reporte las muertes que ocurren durante la detención.
Según la carta, hasta hace poco, los directores de ICE podían solicitar revisiones de muertes que ocurrieran dentro de los 30 días posteriores a la liberación. La coalición argumenta que el nuevo enfoque podría crear un incentivo perjudicial para liberar a personas gravemente enfermas o maltratadas poco antes de que mueran, para evitar escrutinio.
La carta también menciona el aumento en el número de muertes en custodia de ICE desde enero de 2025, incluyendo la muerte de Ismael Ayala-Uribe en Arizona, tras un absceso no tratado que llevó a shock séptico. Los fiscales generales afirman que sus estados seguirán presionando por la responsabilidad federal y piden a ICE que restablezca los estándares de reporte anteriores.