El 23 de enero de 2025, el Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, se unió a otros 12 fiscales generales estatales en una declaración conjunta en respuesta a un memorando del Departamento de Justicia de EE. UU. emitido por un designado político de Trump, sobre la participación de los estados y municipios en la aplicación federal de inmigración.
Los fiscales generales argumentan que la Constitución de EE. UU. limita al gobierno federal de obligar a los estados a usar sus recursos policiales para fines migratorios federales. Citan precedentes históricos de la Corte Suprema, incluyendo la idea de Printz v. United States, que establece que el gobierno federal no puede exigir a los estados que proporcionen oficiales “sin costo” para el gobierno federal.
La declaración también advierte contra lo que describen como amenazas de usar el poder persecutorio federal para presionar a funcionarios públicos estatales y locales que cumplen con la ley estatal. La coalición dice que estas son actualmente “palabras vacías”, pero que responderán si esas amenazas se convierten en acciones ilegales.
Los fiscales generales afirman que su responsabilidad es hacer cumplir las leyes estatales y investigar y procesar delitos sin importar el estatus migratorio de las personas. También aseguran que no se distraerán con ninguna “agenda de deportaciones masivas”.
Esta es una declaración de postura política y legal, no una orden judicial. Para obtener los detalles más precisos sobre el memorando del DOJ que mencionaron, los lectores deben consultar el documento oficial del DOJ y el texto completo de la declaración de la coalición.